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EL ESTADO DE NA-SA AL 10 DE DICIEMBRE, SEGÚN EL GOBIERNO

Según el informe “el estado del Estado” presentado por el actual gobierno nacional, NASA tiene una gran deuda, muchos de los trabajadores no tenían tareas, y se habla de obras que fueron realizadas en Zárate por “amistad” con el Intendente.

INFORME:

Nucleoeléctrica Argentina S.A. es la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país: Juan Domingo Perón (conocida hasta 2014 como Atucha I), Néstor Kirchner (conocida hasta 2014 como Atucha II) y Embalse. Como la mayoría de las empresas de energía, recibió hasta diciembre de 2015 un precio muy bajo por la electricidad que generaba en sus plantes. Los recursos que faltaban se completaban con aportes del Tesoro nacional. Aunque no existían procedimientos de evaluación presupuestaria ni de control de gestión, la empresa mostraba un buen nivel de idoneidad desde el punto de vista técnico, en su infraestructura y funcionamiento. Aun recibiendo la tarifa eléctrica más baja de todo el mercado argentino (38 dólares por megawatt/hora), NASA era capaz de financiar con esos precios no sólo la reparación y el mantenimiento de las plantas, sino también el repago del fideicomiso de la ANSES con que se financió la construcción de la central Atucha II. En diciembre de 2015 la empresa tenía una deuda de mil millones de pesos, buena parte de ella con proveedores, con quienes tenía facturas sin pagar desde agosto del año pasado.

 

En la práctica, la empresa estaba dividida en tres unidades separadas. Por un lado, NASA Operativa, la encargada de operar y mantener las centrales nucleares en funcionamiento. Esta división era la más vinculada con la función original de la compañía. Su funcionamiento era profesional y, si bien algunos procedimientos administrativos no eran óptimos, la estructura era razonable y sus resultados operativos buenos, al punto de que se financiaba con las tarifas que recibía por la energía generada, sin necesidad de aportes del Tesoro.

 

En segundo lugar estaba el Programa de Extensión de Vida de Embalse, creado para extenderle la vida útil a la Central Nuclear Embalse, en Córdoba. Se financiaba con aportes del Tesoro y estaba muy bien gerenciado y administrado. El programa se desarrolló sin problemas y dejará de operar cuando la obra termine. Los cronogramas se cumplieron. Sin embargo, antes de comenzar, fue afectado por problemas externos que incidieron sobre el costo de la obra. El programa se inició con un atraso muy grande, de dos años, en parte porque la falta de planificación y la crisis energética llevaron al gobierno anterior a adoptar todo tipo de medidas para sostener la oferta de energía. Entre éstas, la postergación del inicio del programa de extensión de vida, que obligaba a parar la planta de Embalse durante alrededor de un año y medio. El plan original estipulaba que el programa debía iniciarse en 2013, pero no ocurrió. Esto derivó en que el programa tuviera que pagar costos imprevistos, producto de incumplimientos contractuales con proveedores, alquiler de herramientas que no se usaron y contratación de personal sin tareas por un total de 150 millones de dólares. Además, el programa enfrentó un serio riesgo de interrumpirse, como consecuencia de la falta de cumplimiento de requisitos exigidos por la provincia de Córdoba. Luego de varias dilaciones, se terminó definiendo la fecha de inicio del programa para después del cambio de gobierno, el 31 de diciembre de 2015, que fue lo que ocurrió.

 

“El 75% de los empleados de Nucleoeléctrica no tenía tareas específicas”.

La tercera unidad de Nucleoeléctrica Argentina era la Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares, creada para la gestión de la central Atucha III pero que en los hechos hizo poco para justificar su generoso presupuesto. Tenía 800 empleados directos, 700 empleados de servicios y casi 2000 empleados indirectos, tres cuartas partes de los cuales no tenían en diciembre de 2015 tarea alguna para desempeñar.

 

El objetivo declarado, incluso a nivel público, con una costosa campaña de publicidad, era comenzar de forma inmediata con la construcción de la cuarta central nuclear. Sin embargo, el estado de las negociaciones con la China National Nuclear Corporation (CNNC) y el banco ICBC indicaban en diciembre de 2015 que la obra recién se podría iniciar, en el mejor de los casos, en 2017. Aunque los funcionarios de la administración anterior realizaron unos treinta viajes a China, con delegaciones numerosas, el contrato de financiamiento no estaba redactado ni siquiera a nivel de borrador.

 

El proyecto de Atucha III, en síntesis, tenía en diciembre 1) al 75% de un personal muy numeroso sin ningún trabajo que realizar, 2) perspectiva de que la situación fuese la misma por al menos doce meses más, y 3) presupuesto cero para el año 2016. Esto último porque el Congreso, basado en la propuesta del Poder Ejecutivo, había aprobado en 2015 un presupuesto de 4.800 millones de pesos en transferencias del Tesoro para actividades de expansión o infraestructura de NA-SA. Ese dinero alcanzaba para financiar el Programa de Extensión de Vida de Embalse y otras obras menores, pero no permitía gastar ni un peso en la cuarta central. Este presupuesto, con una reducción injustificable del 40% respecto de lo que se había presupuestado para 2015, significa que las autoridades salientes estaban, en los hechos, desmantelando anticipadamente un área en que habían invertido millones con un proyecto en un estado embrionario.

 

A pesar de los escasos avances en su único proyecto, la Unidad de Gestión incurrió en grandes gastos. Por ejemplo, alquiló un edificio de muy alta categoría sobre la autopista Panamericana en Vicente López para albergar la unidad. Pese a que el monto del alquiler es altísimo, el edificio está subutilizado. Poca gente trabaja ahí y los pocos que concurren lo hacen con pocas tareas para realizar. Además, como 300 de los 800 empleados de la unidad vivían en Zárate, se les pagaba todos los días el transporte hasta Vicente López. Los espacios ociosos en este edificio implicaban un gran costo para Nucleoeléctrica, que tiene además otros espacios de oficinas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Zárate.

 

Para asistir en el diseño y la construcción de la central, se contrató a más de 50 profesionales jubilados de alto prestigio. Dada su reputación, el monto de los contratos era muy oneroso. Prácticamente todos esos contratos eran innecesarios, dada la etapa embrionaria del proyecto.

 

La existencia de la Unidad de Gestión era difícil de justificar, en primer lugar por ser una unidad constructora dentro de una empresa dedicada a la gestión de centrales de energía nuclear. En los hechos, Nucleoeléctrica se contrataba a sí misma para la construcción de las centrales nucleares. Esto generaba grandes problemas de tiempos y costos. Sin embargo, tras la puesta en funcionamiento de la central Atucha II (o Néstor Kirchner), en junio de 2014, con casi cuatro años de demora, la unidad perdió aún más sentido. Desde ese momento, la unidad estuvo dedicada a un conjunto difuso de actividades, ninguna de los cuales se relacionaba con la construcción de una nueva central nuclear.

 

A través de la Unidad de Gestión, por ejemplo, se ejecutó obra pública en el municipio de Zárate, donde la afinidad política con el intendente permitía que de esta forma el Frente para la Victoria realizara obra pública sin necesidad de pasar por el Concejo Deliberante. Además, se llevaron a cabo obras que no tenían un sentido claro ni planificación alguna. Algunos contratistas reportan haber tenido que construir galpones y desarmarlos hasta tres veces. La Unidad se alejó por completo de las tareas para las que había sido creada, y osciló entre no tener nada que hacer y ejecutar, en un distrito políticamente afín, obra de muy diversa índole (refacciones en edificios públicos y estaciones de tren, por ejemplo).

“Nucleoeléctrica compró los primeros 10.000 ejemplares del libro de Julio De Vido, sobre Néstor y Cristina Kirchner”.

También se detectaron graves faltas administrativas y en el uso de los recursos de la compañía. Por ejemplo, Julio De Vido publicó un libro titulado Néstor y Cristina Kirchner: planificación y federalismo en acción, con un coautor llamado Federico Bernal. El libro, con un prólogo de la ex presidenta Cristina Fernández, fue publicado por la Editorial Planeta. La compra de los primeros 10.000 ejemplares de este libro fue realizada por Nucleoeléctrica Argentina. El expediente labrado por la compañía con el fin de hacer la compra recomendaba la adquisición de ejemplares de “algún libro que toque temas relacionados con la energía y la infraestructura”. Ese mismo expediente también recomendaba que la editorial fuera Planeta y que el número de páginas del libro a comprar fuera uno muy similar al que, casualmente o no, tenía el libro de De Vido y Bernal. También existían grandes irregularidades en la compra de automóviles para la empresa. Hay autos comprados por Nucleoeléctrica que no están físicamente en las locaciones de la empresa. Se encontró uno, por ejemplo, en el parque automotor del actual Ministerio de Energía.

Fuente: http://www.casarosada.gob.ar/elestadodelestado/energia.html



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